Derecho al olvido y medios de comunicación

El pasado 3 de diciembre de 2012 la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) dictó una resolución sobre el llamado derecho al olvido relacionado en este caso con las publicaciones digitales de los tradicionales medios de comunicación, más concretamente, de la prensa escrita. El diario El País denegó la solicitud de cancelación de los datos a un particular cuyos datos personales aparecían relacionados con una noticia que explicaba unos hechos sobre los que ha recaído sobreseimiento en sede penal. La solicitud fue denegada al entender que las informaciones que contienen los datos personales fueron publicadas de conformidad con el derecho a dar y recibir información libremente, recogido en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española.

Con todo, se trata de una resolución singular, si bien no es la primera de la AEPD en este sentido, en la que la Agencia realiza una recomendación a los medios comunicación para que estos tengan en cuenta en la publicación digital de noticias que contengan datos personales la relevancia pública de la identidad de las personas afectadas por el hecho noticiable y la obligación de no divulgar información adicional.

Me parece una recomendación excelente, en la medida en que se afirman cosas como que “los medios de comunicación deberían valorar la necesidad de que su actuación se dirija a conciliar, en mayor medida, el derecho a la libertad de información con la aplicación de los principios de protección de datos personales”, que los medios de comunicación deben “reflexionar sobre la trascendencia que tiene mantener de manera permanente una absoluta accesibilidad de los datos contenidos en noticias cuya relevancia informativa, probablemente, es inexistente en la actualidad”, y que “El País, S.L. debería usar medidas informáticas para que, en el caso de que concurra interés legítimo de un particular y la relevancia del hecho haya dejado de existir, se evite desde su webmaster la indexación de la noticia por los motores de búsqueda en internet”.

Todo ello merece, a mi juicio, una doble consideración. Primero: si son ciertos los hechos que en la resolución se comentan, el titular de los datos personales debería acudir a los juzgados y tribunales y presentar una demanda contra el medio de comunicación por causar un daño ilegítimo sobre su honor y reputación. Si el diario El País mantiene en su versión digital una noticia que contiene datos personales vinculados a la comisión de un ilícito penal, esto conlleva un daño incontestable en su honor. Sin embargo, sólo será un daño ilegítimo en caso que los datos personales y los hechos a los que se le vinculan no sean veraces –que no tiene porque serlo si resulta que al final el caso acabó con un sobreseimiento– y que la noticia no tenga relevancia pública “actual” –que seguramente tampoco la tiene por el simple paso del tiempo–. En ese último caso, es decir, si la noticia no tiene un interés público actualizado, la difusión de los datos personales vinculada a un "pasado" y “supuesto” ilícito penal puede causar un daño ilegítimo sobre el honor del titular de los datos, que debería dar lugar a una indemnización por daños y perjuicios. En cualquier caso, actúa muy bien aquí la AEPD al no entrar a valorar todo este asunto, ya que ni puede ni debe; se trata de derechos fundamentales y sólo nuestros juzgados y tribunales pueden entrar a ponderarlos atendiendo a las circunstancias del caso concreto.

En segundo lugar, de la interpretación de la AEPD se desprende, al menos a mi juicio, un criterio fundamental relacionado con el derecho al olvido y la tarea de los motores de búsqueda, entendiendo que la responsabilidad por lo publicado está en la publicación en origen (diario El País) y no en el buscador que es quién da difusión a todo lo que se divulga en la red. Es el diario quién, a juicio de la AEPD, debería arbitrar medidas “informáticas” –se refieren a los robots.txt como si fuese una panacea universal– para evitar la indexación de la noticia por los motores de búsqueda. Se trata de un criterio coherente muy en la línea del art. 17, apartado segundo, de la propuesta europea de Reglamento General de Protección de Datos. Si lo publicado en origen es ilegítimo lo continuará siendo cuando el contenido es indexado por los buscadores, lo que no tiene lógica alguna es que el mismo tratamiento de datos, en origen se considere legítimo, y en segunda instancia ilegítimo, cuando precisamente es el primer tratamiento el que produce el daño y facilita ulteriores tratamientos.