¿Referéndum ilegal o consulta legítima?

El diario El Punt Avui me ha publicado hoy un artículo que he titulado una qüestió de legitimitat, donde reflexiono sobre la legalidad y legitimidad del referéndum sobre la independencia de Catalunya. El artículo lo he escrito en catalán, aquí la versión original, si bien lo he traducido al castellano para poder compartirlo en esta entrada del blog, y así recibir cierto feedback  (o eso espero) de los lectores.

Una cuestión de legitimidad

Una de las principales conclusiones que se puede extraer del resultado de las elecciones celebradas el 25 de noviembre en Cataluña —107 escaños, contando lógicamente también los del PSC— es que existe una amplia mayoría social que desea la celebración de un referéndum mediante el que Cataluña pueda decidir libremente su futuro. Y todo parece indicar que el gobierno resultante encarará esta cuestión como prioritaria, no sólo por su propia voluntad, sino por la presión parlamentaria que pueden ejercer los nuevos “aliados” de ERC.

Desde una óptica estrictamente legal, me refiero a la aquiescencia de la consulta con el ordenamiento jurídico vigente, la celebración de un referéndum de estas características resulta del todo imposible. La Constitución de 1978, como la gran mayoría de las constituciones en perspectiva comparada, no contempla la existencia de un derecho a decidir unilateralmente una parte del territorio nacional, ya que en cierto modo sería absurdo que la propia Carta Magna pusiese en duda la unidad o indivisibilidad del sujeto que se constituye a través de ella. Además, el Tribunal Constitucional, en la STC 103/2008 que declaró inconstitucional la Ley Vasca 9/2008, que pretendía la realización de una consulta no vinculante a la ciudadanía vasca el 25 de octubre de 2008, tuvo la ocasión determinar que el principio democrático de la voluntad popular no puede prevalecer por encima del texto constitucional, recordando que el único titular de la soberanía es el pueblo español —art. 1.2— y que en cualquier caso el artículo 149.1.32 CE deja en manos del Estado la autorización de la convocatoria de cualquier clase de referéndum.

Habla el Tribunal Constitucional de legalidad, pero vale la pena señalar que legalidad y legitimidad material no son precisamente lo mismo, siendo la segunda sólo alcanzable mediante el reconocimiento general, es decir, cívico o ciudadano, de las leyes aprobadas y de la actuación los poderes públicos. Que un ordenamiento jurídico que se define como democrático no permita la participación formal de la ciudadanía en asuntos de interés cívico, como es la determinación de lo que una mayoría social pretende convertirse, resulta paradójico.

Algunas voces insisten en la ilegalidad del referéndum por inconstitucional, lo que merece una triple reflexión. Primero: no hay nadie menos preparado para ejercer funciones públicas que aquél que el único argumento que es capaz de presentar para hacer frente a las pretensiones de los demás es la supuesta “inconstitucionalidad” de una medida. Se trata de una preocupante falta de capacitación y preparación de nuestra clase política. Lo que se espera de los políticos son argumentos de fondo, ya sean para el sí o por el no, pero no una mera declaración de inconstitucionalidad preventiva. En segundo lugar, la Constitución no es ni debería ser un texto perpetuo, inmutable o perenne. Las constituciones son normas supremas, escritas o no, que ordenan las sociedades y fijan los límites y las relaciones entre los diferentes poderes del Estado, y entre estos últimos y los ciudadanos. De lo anterior se deriva que ningún texto constitucional es eterno, sino todo lo contrario, esto es, que siempre deberá ser reinterpretado y si hace falta, reescrito, para reflejar las transformaciones sociales y la voluntad mayoritaria. No existe Constitución si esta se convierte en una mera hoja de papel, como señalaba Ferdinand Lassalle, en la medida en que una amplia mayoría social, la misma que la Constitución pretende ordenar, no se siente representada, no la entiende o no comparte mucho de sus extremos. En tercer lugar, y en combinación de las dos anteriores, hay que recordar que este texto sagrado e intocable es el mismo que hace un año fue objeto de una reforma exprés por la vía del art. 167, orquestada desde Alemania, pactada en una llamada nocturna entre el presidente y el jefe de la oposición y votada sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía. Fue una reforma legal, sin duda, pero tengo mis dudas sobre su legitimidad.

Con todo, la legitimidad de la consulta prima facie es evidente. Preguntar al titular de la soberanía, que es el pueblo, no debería ser considerado nunca algo ilegítimo. No obstante, el grado de legitimidad no depende tanto del qué como del cómo. El gobierno de la Generalitat deberá ser especialmente cuidadoso en el proceso, tratando de actuar de manera imparcial y transparente. Vale la pena recordar, en esta misma línea, que el año 1998 el Tribunal Supremo Canadiense determinó que, aunque la secesión unilateral era inconstitucional, un resultado claramente positivo en el Quebec seria determinante para que el gobierno federal negociara la independencia. Interpuso sólo algunas condiciones, más que coherentes, entre las que se encontraba la exigencia de evitar ambigüedades en la pregunta y acatar principios generales como el respeto a las minorías y los derechos individuales. Esperemos que el gobierno sea capaz de aglutinar todos estos ítems y facilitar que esta amplia mayoría de catalanes que quieren decidir sobre su futuro puedan hacerlo libremente, si bien no en el marco de un proceso estrictamente legal, si en el marco de un proceso legítimo, teniendo en cuenta que el primer adjetivo no siempre resulta tan necesario como el segundo.

EL TESTRA y la protección de datos personales

Hace unas semanas el diario El País publicó una noticia sobre la notificación de las multas de tráfico vía el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (en adelante, TESTRA), en la que se exponía que determinadas sentencias judiciales han anulado sanciones administrativas porque estas debieron publicarse en el Boletín Oficial Provincial. La noticia en un primer momento se publicó bajo el titular “Internet no vale para notificar multas de tráfico”, que después fue substituido por “Invalidadas multas de tráfico notificadas por Internet”.

Como ya detectó con gran celeridad Javier Sempere en este interesante post, la redacción de la noticia y especialmente del titular no aclara el tema en cuestión, de hecho induce al error. Me atrevería a decir que se produce un error doble.

En primer lugar, es imposible que ningún juez con un mínimo sentido común afirme que “Internet no vale para notificar multas de tráfico”, ya que desde enero del 2009, Internet no sólo sirve para notificar de todo, sino que es la única manera de notificar cualquier cosa. Me refiero lógicamente al Boletín Oficial del Estado, que sólo se publica en versión digital desde el 1 de enero de 2009, extremo que ya se preveía en la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos que fecha del 2007.

En segundo lugar, tal y como señala Javier Sempere, los tribunales que han anulado determinadas sanciones del TESTRA han considerado que esa plataforma digital no era el diario oficial procedente para publicar multas anteriores al 24 de noviembre de 2010. El motivo lo encontramos en la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, en materia sancionadora, que afectó a los artículos 78 y 79, permitiendo la notificación vía el TESTRA, y que entraron en vigor al terminar el plazo de 1 año. Todo ello implica que sólo son de aplicación los artículos 78 y 79 que facultan la notificación de las multas de tráfico vía TESTRA a aquellas notificaciones a que den lugar los procedimientos sancionadores en materia de tráfico iniciados con posterioridad al 24 de mayo de 2010, y cuyos intentos se produzcan con posterioridad al 24 de noviembre de 2010.

Por ese motivo los tribunales han anulado algunas sanciones de tráfico notificadas vía el TESTA con anterioridad al 24 de noviembre de 2010.

Sin embargo, lo que realmente debería ser noticia en el caso del TESTRA es que a veces, sólo a veces, las administraciones públicas son capaces de mostrar su mejor faceta y facilitar la vida a los ciudadanos a la par que tutelar otros bienes jurídicos que están en juego como la protección de los datos personales. Más concretamente, el TESTRA es un modelo de privacidad en el diseño, que entró en funcionamiento mientras en la Comisión Europea aún se debatía sobre su concepto.

¿Qué es la privacidad en el diseño?

El principio de privacidad a través del diseño significa que la protección de la intimidad, de la reputación y de los datos personales de los individuos se tiene en cuenta a lo largo de todo el ciclo de vida de las tecnologías, desde su concepción hasta su despliegue, utilización y eliminación final. La positivización de tal principio tendría efectos en la elaboración de los sistemas tecnológicos, que deberían ser diseñados y configurados respetando la esencia del derecho fundamental a la protección de los datos personales. Este principio ya figuraba en la Comunicación de la Comisión «Una Agenda Digital para Europa» núm. COM(2010) 245, de 26 de agosto de 2010, y en el Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos núm. (2010/C 280/01), de 16 de octubre de 2010. El último avance en relación con la positivización del principio de la privacidad en el diseño lo encontramos en la propuesta europea de Reglamento General de Protección de Datos. En concreto, el artículo 23 de la propuesta establece las obligaciones del responsable del tratamiento que emanan de los principios de la protección de datos desde el diseño y por defecto.

¿Por qué el TESTRA es un modelo de privacidad en el diseño?

El Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) es un tablón electrónico que permite que los ciudadanos consulten las notificaciones por sanciones de tráfico que no hayan podido practicarse en el domicilio del interesado por estar éste ausente, por haber cambiado de domicilio sin haberlo comunicado, etc. El sistema permite que los ciudadanos, sin necesidad de certificado digital ni DNI electrónico, puedan consultar los edictos publicados en el TESTRA. De hecho, con tan solo teclear su DNI, NIE, o CIF, el tablón electrónico muestra al ciudadano si tiene o no edictos publicados, y toda la información relativa a cada uno de los edictos, es decir, qué Administración ha ordenado la publicación, por qué infracción, qué plazos tiene para defenderse, etc.

No obstante, lo realmente garantista del sistema es que el ciudadano puede solicitar que los datos personales contenidos en los edictos publicados en el TESTRA no sean accesibles para el resto de los ciudadanos; para hacerlo simplemente debe darse de alta en la lista de excluidos. Para realizar esa alta sí que el programa exige disponer de DNI electrónico o de certificado digital. Lógicamente, aparecer en la lista de excluidos no altera el edicto original custodiado por la DGT, que es el que se debe entregar a los Juzgados o Tribunales que lo soliciten, pero la lista de excluidos permite que el ciudadano controle sus datos personales relacionados con sanciones de tráfico, pudiendo impedir su consulta y conocimiento a terceros. Precisamente por ello es un sistema de privacidad en el diseño, ya que permite y facilita controlar lo que no queremos que los demás sepan de nosotros, relacionado lógicamente con las sanciones de tráfico, y nos ayuda a configurar y mantener nuestra reputación e identidad digital.

Lo anterior se combina a la perfección con la Dirección Electrónica Vial, que permite que los ciudadanos reciban vía email o SMS en su teléfono móvil, las notificaciones de procedimientos sancionadores, y otros avisos y comunicaciones de su interés. Con ese sistema, la notificación se da por recibida con el envío del email o del SMS, lo que evita la posterior inclusión de ésta en el TESTRA. 

Farewell of Institute of Federalism in Fribourg

These last months I had the incredible pleasure to be a guest researcher of the Institut of Federalism, at University of Fribourg, Switzerland. I have completed a four months research stay from September until now, and I also made a short visit on May-June of this same year.  

Through this post I'd like to sincerely thank the kind attention of all the team of Institut du Fédéralisme during my stage. Especially, the patience with the certifications and letters of invitation of Yvonne Heiter-Steiner, the legal orientation both Professor Eva Maria Belser and Professor Nicholas Schmitt, and the last but not least Maurizio Maggetti for its helpful comments and insights. I also want to highlight the great experience sharing insights with other guest researchers and Swiss young researchers, especially Yam Sharma from Nepal, Nahusenay Belay from Ethiopia, and Ramon Setz from Switzerland, to whom I sent my best regards and all the best. 

I share here some pics of the farewell dinner with the amazing fondue and the traditional "meringues" with a fribourgeoise special cream. 

The tied autonomy after the Spanish Constitutional Court Ruling 31/2010

Aquí os dejo mi presentación PREZI de la ponencia que manana realizaré en el Institut du Fédéralisme, de la Université de Fribourg, sobre el Estado Autonómico y los efectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 31/2010.

Derecho al olvido y personas fallecidas

Hace unos días recibí un interesante correo de un profesional de la protección de datos que está realizando su tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia, en el que me preguntaba mi opinión sobre la posibilidad de reconocer el llamado derecho al olvido también a las personas fallecidas.

La cuestión no es baladí, viendo casos mediáticos recientes como el de Amanda Todd, los perfiles de las redes sociales de la chica asesinada en El Salobral (Albacete) o algunas de las chicas fallecidas en la fiesta celebrada en el Madrid Arena, que salieron a la luz en los medios de comunicación pública. ¿Tienen derecho, una vez muertas, a desaparecer del sistema, de Internet? ¿Quién puede cancelar sus datos? ¿Se puede exigir a los buscadores, a Google, que retiren enlaces por ejemplo a imágenes del torso desnudo de la adolescente fallecida Amanda Todd?

Mi opinión es que toda esta cuestión escapa al debate del llamado derecho al olvido, y la respuesta correcta no debe ir en ningún caso por la vía de la protección de datos, sino por los daños en el honor y memoria del difunto y por la vía de la herencia digital.

Una de las tesis que sostengo en el libro que escribí sobre el derecho al olvido en Internet es que se trata de un derecho que nace dentro de los artículos 10.1 y 18.4 de la Constitución, en el marco de la protección de datos personales -las facultades de cancelación y oposición a tratamientos inconsentidos e ilegítimos-, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. En la medida que eso sea así, o en la medida que su reconocimiento se produzca dentro del derecho a la protección de datos -parece que así va a ser en el futuro reglamento europeo, al menos en la redacción actual de la propuesta europea-, estamos hablando de un derecho personalísimo, es decir, sólo las personas físicas "vivas" pueden ejercer ese derecho frente a terceros. Téngase en cuenta que el artículo 32 del Código Civil dispone que “la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas”.

Aunque hace ya unos años la Agencia Española de Protección de Datos dictó un interesante informe sobre la aplicación de las normas de protección de datos a los datos de personas fallecidas, disponible aquí, en el que se argumentaba que las personas vinculadas al fallecido, por razones familiares o análogas, podrán dirigirse a los responsables de los ficheros o tratamientos para notificar el óbito y solicitar la cancelación de los datos, esta es una facultad más que limitada, y no parece la vía más eficaz para recabar la tutela de lo que sucede en las redes sociales y lo que enlazan los motores de búsqueda. Estoy convencido que en la mayoría de casos las redes sociales y los motores de búsqueda actúan sin problemas al conocer que se está divulgando información que causa un daño a la memoria del difunto y a sus familiares y personas más allegadas.

Si bien es cierto que el derecho al honor también es un derecho personalísimo, nuestra doctrina ya ha tenido la oportunidad de reconocer que tales derechos pueden ser eventualmente aplicados, ejercidos o reclamados por los familiares del difunto, en la medida que la memoria defuncti constituye una prolongación de la personalidad. En realidad, en los casos citados más arriba, no se produce un daño sobre el derecho a la protección de los datos personales, sino un daño sobre la memoria de Amanda Todd y las demás chicas. Luego lo lógico es que los familiares reclamen por la vía del honor frente a quién divulgó y mantuvo la información de manera ilegítima, para obtener una doble tutela: en sentido negativo, para expulsar ciertas informaciones de Internet para siempre, es decir, hacía el futuro; en el positivo, para obtener una indemnización por el daño causado.

Otra vía es la gestión de la herencia digital, que tuve ocasión de comentar en otro post, mediante la designación en vida del albacea digital que seria depositario de las claves de acceso del difunto, con lo que se evitarían muchos problemas. 

Google y la libertad de expresión

Desde el 3 de diciembre hasta el 14 de este mismo mes se celebra en Dubái la World Conference on International Telecommunications, que pretende revisar la actual regulación internacional de las telecomunicaciones. En concreto, tal regulación consiste en un tratado global ideado en teoría para facilitar la interconexión e interoperabilidad de los servicios de información y comunicación, así como para garantizar la generalización, disponibilidad y eficacia de esos servicios. En este marco de reforma del “tratado global de las telecomunicaciones”, que a día de hoy resulta anticuado por señalar directrices tan sólo útiles para las telecomunicaciones básicas, no para Internet, sólo tienen voto los Estados. No tienen prerrogativas como esas los demás actores que operan en Internet, que a la práctica facilitan que la información sea divulgada a gran velocidad sin censura previa. Precisamente por ello Google ha iniciado una intensa campaña advirtiendo de las posibles conclusiones perjudiciales que se adopten en este nuevo tratado global de las telecomunicaciones, si tenemos en cuenta que entre los Estados que van votar se encuentran algunos paradigmas de la censura y represión, como podrían ser las comunistas Cuba y Corea del Norte, entre otras dictaduras. 

Es cierto que los que trabajamos desde la perspectiva de la privacidad y la protección de los datos personales hemos criticado algunos extremos de determinados servicios que presta Google. No se trata estrictamente de su política de privacidad, sino del eventual e hipotético control y retención de datos personales que proceden de la utilización de servicios cada vez más interrelacionados, como pueden ser el Gmail, servicios para empresas como el Google calendar, el drive y el docs, el Google+, el navegador Google chrome, blogger, el propio motor de búsqueda relacionado con nuestra IP, youtube, etc., y la sistematización y tratamiento conjunto de todos esos datos. El robot de Google analiza incluso nuestros emails y correos electrónicos si usamos Gmail (prueben por ejemplo escribir un correo con la palabra adjunto y no adjunten ningún documento, al enviarlo verán como Google les alerta del error), y nos ofrece publicidad atendiendo a nuestras preferencias o necesidades, también las expresadas en nuestras e-conversaciones privadas o confidenciales. El problema, como digo, en realidad no radica en el control, retención y sistematización de todos esos datos, sino en la transparencia de lo que se hace con ellos. Es decir, no hay prueba alguna de que esos datos sean cancelados pasado un determinado tiempo ni tampoco que sean utilizados para finalidades ilegítimas o ilegales. La transparencia, tanto si se retienen los datos como si no, permitiría saber si estamos delante de un Big Brother o Gran Hermano que todo lo sabe, e incluso en esa situación, la ciudadanía podría decidir libremente continuar utilizando sus servicios. Es decir, no es para nada descabellado imaginar un Big Brother querido, deseado y aceptado por todos. Con ello al menos se evitarían los chilling effects o efectos perjudiciales que se producirían en el caso de que realmente exista un gran panóptico pero que nadie sea consciente o al menos conocedor de su existencia.

Sin embargo, no es menos cierto que Google juega un papel clave en el desarrollo, auge y crecimiento de las libertades informativas en el contexto de Internet. La Red de Redes facilita la difusión global de información sin censura previa; sólo las limitaciones técnicas y las dificultades económicas para el acceso a las redes con conexión pueden actuar como barreras prácticas. Y en ese contexto, el papel de los intermediarios es más que relevante. Google a través de su motor de búsqueda ha tratado de dar siempre la mejor respuesta a las búsquedas de los ciudadanos, atendiendo a sus preferencias y facilitando encontrar lo que se busca. Organizan la información del mundo y la hacen accesible y útil de manera universal, que no es poca cosa. No es de extrañar que sea el buscador más utilizado, ya que acostumbra a dar las mejores respuestas, de calidad, a nuestras búsquedas. Indexa todo lo que encuentra en la red y lo hace aplicando un algoritmo de búsqueda que es “neutral”, en la medida que debe ser aplicado y se presupone que así se hace, con igualdad para todos los ciberusuarios. Si alguien intenta hacer trampas o alterar el resultado neutral, por ejemplo comprando enlaces o tratando de modificar su posicionamiento en el buscador mediante prácticas perniciosas, Google lo sanciona y lo relega en sus resultados de búsqueda.

Todo ello debería ser tenido en cuenta, máximo cuando se pretende regular las comunicaciones en Internet. Que la International Telecommunications Union (en adelante, ITU) no tenga en cuenta la voz y el voto de partes implicadas como Google, que juegan un papel clave en la configuración y generalización de las libertades informativas a nivel global, me parece absurdo e incoherente. Regular la red sin tener en cuenta a sus agentes principales resulta un acto insensato, de hecho, con independencia del sentido de lo que se vote en la conferencia el resultado no puede ser en ningún caso satisfactorio. Estoy en este sentido totalmente de acuerdo con Vinton Cerf, uno de los padres visionarios de Internet, asesor de Google. Así que paga la pena en esta ocasión señalar las bondades de la campaña de Google Take Action que trata de defender la libertad de los usuarios, especialmente las informativas, en Internet. No creo que se trate de una mera batalla para mantener la “hegemonía informática”, como algunos sostienen, ya que con indiferencia de lo que diga y regule la ITU, Google va a seguir conservándola, la hegemonía, mientras los usuarios sigan valorando mejor los servicios que estos prestan en relación con los que realizan otros intermediarios que operan en Internet. También me parece un disparate lo de la “tasa google”, me refiero a la propuesta de ley alemana que exige el pago de una licencia por parte de los motores de búsqueda a editores y medios de comunicación por el mero hecho de proporcionar resúmenes de sus entradas en la página de resultados. Google actúa como un intermediario y lo único que hace es facilitar que la gente acabe acudiendo a las páginas de los medios de comunicación y editores, así que no veo la lógica de tasar por esos resúmenes cuando precisamente lo que hacen es incentivar que los ciberusuarios acaben entrando en las páginas de los editores y medios de comunicación. El mundo al revés, que decía Eduardo Galeano, con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies.

A raíz de todo lo anterior, y esta es ya una reflexión estrictamente jurídica, me viene a la cabeza la cuestión del papel que juega Google en garantía de la libertad de expresión y las demás libertades informativas, y si ello debería tenerse en cuenta en la ponderación con otros derechos fundamentales en casos de conflicto. El Tribunal Constitucional en la Sentencia 12/1982, advirtió que las libertades de información y expresión persiguen una “comunicación pública libre”, directamente e intrínsecamente vinculada al principio democrático, la preservación de la cual exige “una especial consideración a los medios que aseguran la comunicación social y, en razón de ello, a quienes profesionalmente los sirven” (en el fundamento jurídico tercero). Esto significa que los poderes públicos tienen un deber de inacción, el de no estorbar la libertad de los medios de comunicación, y otro de acción, el de tomar las medidas que estimen oportunas “para remover los obstáculos que el libre juego de las fuerzas sociales pudieran oponerle”. Los medios de comunicación actúan como garantía institucional de la opinión pública libre, y precisamente por ello gozan de una posición preferente en el ejercicio de sus tareas, que ayudan a configurar esa esfera pública que alberga debate y raciocinio sobre los asuntos de interés cívico. No es cuestión baladí, y en ningún caso esto implica que los ciudadanos individualmente considerados no seamos titulares del derecho de informar y de la libertad de expresión. Simplemente implica que los medios de comunicación social al realizar sus propósitos actúan como garantía institucional de las libertades informativas y de la conformación de la opinión pública libre. ¿Si lo medios de comunicación, según el TC, tienen tal consideración, por qué motivo no otorgar esa misma posición “preferente” o “privilegiada” a actores e intermediarios en Internet, como Google, que a día de hoy ayudan y facilitan la conformación de la opinión pública en mayor medida a lo que hacían en el año 1982 los tradicionales medios de comunicación social? ¿Por qué no reconocer a Google esa dimensión más amplia de las libertades informativas, en su condición de intermediario que facilita la difusión y localización de la información en Internet? En determinados debates y foros jurídicos algunos autores, especialmente Lorenzo Cotino, se han mostrado favorables al reconocimiento de Google como garante institucional de las libertades informativas, por el hecho de organizar y sistematizar tal cantidad de información y hacerla accesible y útil para las personas que la buscamos. Me parece una idea coherente y razonable. Quizás sería una buena idea atribuirle esa situación especial, como garante institucional de la libertad de expresión, en la medida que sean capaces de adoptar, también, la transparencia en la retención o no de los datos personales y en el tratamiento que realizan sobre ellos. 

La publicidad de las resoluciones judiciales y el derecho a la protección de los datos personales

Aquí os dejo un vídeo con mi ponencia La publicitat relativa de les resolucions judiciales i el dret a la protecció de les dades personales, realizada en el seminario Informació, Justícia i Protecció de dades personals, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universitat de Girona el 24 de octubre de 2012. ¡Espero sea de vuestro interés!